Asimismo, se ha ampliado el contenido del informe del órgano de administración, que si bien ya debía aportarse bajo el régimen anterior, ahora tiene un contenido más complejo. De conformidad con la regulación anterior el informe del órgano de administración era, en palabras de la Ley 3/2009 para explicar y justificar “los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, e indique asimismo las consecuencias que tendrá para los socios, así como su eventual impacto de género en los órganos de administración e incidencia, en su caso, en la responsabilidad social de la empresa”. Con la regulación actual el informe del órgano de administración debe contar con dos secciones, una destinada a socios y otra a empleados, cada una de ellas con su respectivo contenido mínimo, entre los que se pueden destacar: compensación en efectivo propuesta para el caso de que los socios ejerciten su derecho a enajenar sus acciones o participaciones; consecuencias de la transformación para los socios; consecuencias de la transformación para las relaciones laborales, entre otros.

Siguiendo con la documentación necesaria, se ha incluido como consecuencia de la nueva regulación la necesidad de solicitar por el órgano de administración un informe de experto independiente designado por el Registro Mercantil, en los casos de transformación en S.A. o sociedad comanditaria por acciones, teniendo como único objeto la valoración de las aportaciones no dinerarias (art. 22 del Real Decreto 5/2023).

Finalmente, en cuanto a documentación se refiere, se ha incluido la posibilidad de que el órgano de administración adjunte al proyecto de transformación una declaración que refleje con exactitud la situación financiera actual en una fecha no anterior a un mes antes de la publicación de dicha declaración (art. 15 del Real Decreto 5/2023).

Otras modificaciones introducidas por el Real Decreto 5/2023 son el establecimiento de un nuevo sistema de protección de derechos de los socios y de los acreedores. De este modo, la nueva regulación introduce un derecho a una compensación en efectivo para los socios (art. 12 Real Decreto 5/2023), previéndose que disponen de este derecho precisamente los socios en transformaciones internas. No obstante, el reconocimiento de este derecho no modifica la duración de la ejecución de la transformación, toda vez que se prevé que el ejercicio del mismo por el socio no paralizará la operación, ni impedirá su inscripción en el Registro Mercantil.

En cuanto al nuevo sistema de protección de los acreedores, del mismo modo que hemos visto para el derecho a la compensación en efectivo de los socios, las posibilidades de los acreedores insatisfechos ante la inexistencia o insuficiencia de las garantías otorgadas de acudir al Registro Mercantil o Juzgado de lo Mercantil para obtener garantías adicionales o suficientes para sus créditos nacidos con anterioridad a la publicación del proyecto de transformación, no paralizará la operación ni impedirá su inscripción en el Registro Mercantil (art. 13 Real Decreto 5/2023).

Al margen de estos cambios que podemos considerar más relevantes, se han introducido algunos matices o precisiones en relación con algunos aspectos de la regulación de la transformación societaria, que han comportado un cambio en el proceso de acordar y ejecutar una transformación en una sociedad, como veremos a continuación.